La SCJN autoriza a la UIF congelar cuentas bancarias sin orden judicial La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, con una votación de seis a tres, una polémica resolución que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial ni un juicio previo .

Esta medida, que revierte un precedente establecido en 2018, otorga a la autoridad administrativa la facultad de bloquear el acceso de cualquier persona o empresa al sistema financiero basándose únicamente en sospechas, sin establecer criterios transparentes ni límites de tiempo para la duración del bloqueo .

Los puntos y consecuencias más críticas de esta decisión incluyen: Inversión de la carga de la prueba: Ahora, es el ciudadano quien debe demostrar que su dinero es legítimo y probar su inocencia ante la UIF, rompiendo con el principio de que el Estado es quien debe comprobar la culpabilidad .

Indefensión del ciudadano: Las personas se enteran del bloqueo de sus cuentas hasta que el banco rechaza sus transacciones, sin recibir una notificación formal previa . Al quedarse sin acceso a sus recursos, los afectados quedan imposibilitados para pagar necesidades básicas, pensiones alimenticias o incluso contratar a un abogado para defenderse .

Vulneración de derechos y retroceso autoritario: Analistas y expertos califican la decisión como una medida regresiva y un paso hacia el autoritarismo, ya que elimina el control de los jueces sobre las autoridades administrativas, destruyendo contrapesos y vulnerando la presunción de inocencia, el debido proceso y la certeza jurídica .

Riesgo de persecución política: Existe una fuerte preocupación de que la UIF, al operar sin supervisión judicial, pueda ser utilizada de manera discrecional para intimidar o perseguir a adversarios políticos, periodistas, críticos del gobierno o empresas, basándose en acusaciones infundadas . Impacto económico negativo: Lejos de afectar al crimen organizado (que suele manejar sus operaciones en efectivo y en dólares), la medida castiga a los contribuyentes formales .

Esto genera temor a la inversión y podría provocar fuga de capitales al extranjero o incentivar a la población a abandonar el sistema bancario digital para regresar al uso de dinero en efectivo . Finalmente, se advirtió que esta tendencia podría continuar, ya que la Corte tiene programado discutir próximamente si se permitirá realizar investigaciones financieras de hasta 10 años de antigüedad, también sin necesidad de una orden judicial

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